La relación entre periodistas y el Gobierno Federal transita por una grave crisis, derivada ésta de las ejecuciones más recientes de comunicadores, que se suman a otros 38 homicidios que desde el 2012 no ha sido capaz de resolver la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

En principio sólo considero los 45 crímenes perpetrados en el último lustro, cuando (en mayo 21) la entonces procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, dispuso otorgarle autonomía a la Fiscalía creada en 2010 --que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tacha de ineficiente--, según ella para agilizar las pesquisas.

Obviamente desde su constitución ha resultado un fracaso.

Y lo evidencian los 11 homicidios cometidos en el ocaso del régimen presidencial de Felipe Calderón Hinojosa; como los 34 acontecidos entre 2013 y el 2017 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, quien hoy intenta una tregua con la prensa que ya no cree en su palabra.

Tan es así que en la reunión donde el mandatario pidió un minuto de silencio por los periodistas acribillados el lunes 15 del mes próximo pasado –ésta tuvo lugar el miércoles 17 en la residencia oficial de Los Pinos-- un grupo de reporteros gráficos reclamó airadamente. Y como respuesta (al concluir el evento) elementos del Estado Mayor Presidencial les tomaron fotografías.

O sea, los quisieron intimidar para que dejen de exigir justicia.

En esa misma locación el Presidente enmarcó en tres las acciones a seguir para, según él, garantizar protección a los periodistas:

1) Fortalecer la estructura y los recursos asignados al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas;

2) Establecer un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación, para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo de los periodistas y los defensores de derechos humanos; y

3) Fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a través de más personal y más capacitación; revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso; coordinación entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos; apoyo a las autoridades locales, y protocolos homologados a nivel nacional.

Significa que la Feadle sale ganando con tanto periodista acribillado.

¿Acaso no sería mejor contratar investigadores expertos, aunque no sean mexicanos, para enfrentar el problema?

Los ultimados

Entre el año 2000 (cuando Vicente Fox Quesada echó de Los Pinos a la mentada gran familia revolucionaria) y el 2017, han sido denunciadas las ejecuciones de al menos 125 periodistas, pero se presume que son más, muchos más los colegas abatidos por la delincuencia organizada y hasta por uno que otro político, al sentirse afectados en su persona e intereses malsanos.

 Hay organismos de Derechos Humanos, como la ONU y la Unesco, que han documentado cada caso y elevado su voz reclamando indagar a fondo los asesinatos. Igual que grupos connacionales.

Y coinciden en que no se mata la verdad ultimando periodistas.

Esta frase fue recapitulada por Peña Nieto hace días y le ha dado la vuelta al mundo, así como la lista de los siete periodistas ultimados en lo que va del año.

Son:

1. Cecilio Pineda Brito (Guerrero), editor de La Voz(Tierra Caliente), masacrado en Ciudad Altamirano –del municipio Pungabarato--, el 2 de marzo, cuando esperaba que terminaran de lavar su vehículo. Casi a quemarropa le dispararon dos sujetos a bordo de una motocicleta. Pero, como siempre ocurre, nadie los identificó.
2. Ricardo Monlui Cabrera (Veracruz), columnista de El Diario de Xalapay El Sol de Córdoba, acribillado el 19 de marzo en el municipio de Yanga, cuando se encontraba en un restaurante de la localidad. Siete años antes su hijo Ricardo Monlui Ruiz fue atacado a balazos (municipio de Ixtaczoquitlán).
3. Miroslava Breach (Chihuahua), colaboradora del periódico Norte de Ciudad Juárezy corresponsal de La Jornada, tiroteada afuera de su casa en Chihuahua. El supuesto autor material del crimen apareció muerto con una cartulina encima, presuntamente por órdenes del jefe del narco identificado como ‘El 80’.
4. Maximino Rodríguez Palacios (Baja California Sur), asesinado el 14 de abril en el estacionamiento de una plaza comercial de La Paz. Fue corresponsal de Excélsiory El Heraldo; y al ser ultimado escribía en el portal de noticias Colectivo Pericúla columna ‘Mi opinión’, abordando temas de seguridad y política.
5. Filiberto Álvarez Landeros (Morelos), reportero de radio La Señal, ejecutado al salir de su programa en el municipio de Tlaquiltenango, en mayo 2, cuando se dirigía a su domicilio enclavado frente al balneario ‘El Rollo’; su cuerpo registró al menos cinco impactos de bala y acorde a las pesquisas, en el atentado participaron varios sujetos.
6. Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa), director del semanario Ríodocey corresponsal de La Jornaday la agencia de noticias AFP, muerto el lunes 15 del mes que cursamos en Culiacán; se especializó en temas del narcotráfico, hasta el grado de haber escrito cinco libros y ser una fuente de consulta con credibilidad.
7. Jonathan Rodríguez Córdova (Jalisco), del semanario El Costeño, editado en Autlán, emboscado junto a su madre (Sonia) por un grupo armado el pasado día 15. Él murió tras recibir cuatro impactos. Y aunque ella fue alcanzada por dos proyectiles en un brazo y la columna vertebral se encuentra convaleciente.

En los siete sucesos se utilizaron armas de fuego.

Las más de uso exclusivo de las fuerzas armadas, aunque portadas cotidianamente por los transgresores de la ley.

Y por lo que ha trascendido en las averiguaciones, todos y cada uno era blanco de sus victimarios, por lo que la palabra casualidad ¡no cabe!

Por tanto, la línea primaria de investigación debe circunscribirse a lo publicado por ellos, si acaso hubiera voluntad de resolver los casos.

Eso no significa, sin embargo, que estuvieran coludidos con la mafia ni grupos delincuenciales de menor monta, pues la Constitución Política garantiza la libertad de escribir y publicar sobre cualquier tema.

Las posturas

Hay en México cualquier cantidad de organizaciones periodísticas, que hoy, al celebrarse el Día de la Libertad de Prensa, marcarán sus posiciones por la represión que actualmente se despliega en contra de los trabajadores de los medios de comunicación masiva (impresos y audiovisuales) a través de la amenaza, el ataque físico, la censura y otras prácticas malsanas que impiden el ejercicio libre de tan romántico oficio.

Por parte de algunos órganos informativos, concretamente las televisoras que constituyen auténticos monopolios, igual habría fuertes pronunciamientos --aunque éstos sí difundidos con toda la parafernalia propia de esas empresas que ya han visto afectados sus ingresos con la nueva legislación que impide a los políticos comprar exageradamente espacios en la pantalla chica--, pretextando una férrea defensa a la libertad de expresión, cuando en estricto apego a la verdad bien sabemos que sus intereses no son periodísticos, sino económicos, y que la censura de los colegas que ahí trabajan forma parte de su estrategia comercializadora que las más de las veces raya en el chantaje y la extorsión.

Otro sector que se sumará a la exigencia del respeto hacia el gremio periodístico –aun cuando lo haga de dientes para afuera--, quizás sea el burocrático, ya que en los tres niveles de Gobierno (federal, estatales y municipales) existen funcionarios de alcurnia que comparten la libertad de expresión sólo si la crítica los favorece, pero en la práctica resultan los detractores más furibundos de la prensa al ésta exhibir sus excesos y debilidades, vicios; negligencia y omisiones, ineficacia e ineptitud, con respecto a su actuación en la administración pública.

En fin, como en cada aniversario del Día de la Libertad de Prensa acontece, los trabajadores de la tecla y la lente nada tendremos qué festejar, hasta en tanto no existan:

1. a) Respeto al libre ejercicio periodístico;
2. b) Castigo a los autores físicos e intelectuales de las agresiones contra periodistas;
3. c) Salarios decorosos para quienes desempeñan el oficio;
4. d) Auténticas leyes de transparencia y de libre expresión;
5. e) La apertura de frecuencias de radio y señales televisivas a otros particulares ajenos a los monopolios hasta hoy existentes; y
6. g) La garantía de que los contenidos informativos no serán mutilados, alterados ni ‘perdidos’ por intereses comerciales, políticos o ideológicos, so pena de que la ley sea aplicada con todo rigor.

 E-m@il: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.